Lamentable que diputadas y diputados hayan cedido a las presiones de la industria automotriz

• La industria automotriz, a través de la Secretaría de Economía, logró interponer sus intereses por encima de la salud pública y el derecho a la movilidad.
• Falso que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial represente barreras técnicas al comercio o que no esté acorde a la Ley de Infraestructura de Calidad.
• Organizaciones, familiares de víctimas y todos los usuarios de la vía, piden a los diputados federales cumplir con su obligación de salvaguardar los derechos constitucionales, así como con los compromisos adquiridos el día de ayer en la sesión del pleno. con las organizaciones, familiares de víctimas y todos los usuarios de la vía.

25 marzo, 2022. El día de ayer se hizo evidente la interferencia de la industria automotriz al lograr la suspensión de la sesión en donde se votaría la Ley de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), la cual busca garantizar el derecho constitucional a la movilidad a favor de la salud de la población mexicana.

A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil habían advertido sobre dicha interferencia, a través de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en complicidad con la Secretaría de Economía, los diputados siguen debatiéndose entre aprobar la Ley en sus términos y que sea una realidad, o ceder a las reservas que se presentaron con el objetivo de dilatar el proceso.

La industria automotriz, a través de la Secretaría de Economía encontró un aliado para interponer sus intereses económicos por encima y en detrimento del interés público de proteger la vida de todas las personas usuarias de la vía. El resultado de este intenso cabildeo por parte de la industria automotriz fue lograr que algunos legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PVEM y PRD obedecieran lineamientos que favorecen sus intereses comerciales.

Una vez iniciada la discusión en el Pleno y, a pesar del posicionamiento a favor de la LGMSV de varios diputadas y diputados, como Alma Delia Navarrete y Carlos López Guadarrama, presión y el cabildeo de la industria fueron tales que, después de un receso inesperado, se declaró suspendida la sesión sin previo aviso y sin claridad sobre la votación de la Ley.

La minuta de la LGMSV es resultado del esfuerzo de la sociedad civil organizada, familiares de víctimas y especialistas desde 2014, además de de un trabajo legislativo de tres años, que tiene como objetivo evitar muertes y lesiones que son consecuencia de siniestros de tránsito. Asimismo, el proyecto que actualmente se está discutiendo es producto de un consenso legislativo en el que se incluyen todos los elementos de la movilidad y seguridad vial. Es importante señalar que el tema de vehículos seguros, regulado en el artículo 54, es fundamental, ya que actualmente no existe ninguna disposición en nuestro marco legal y la NOM-194 en la materia es insuficiente.

De acuerdo con la industria automotriz, el artículo 54 de la propuesta de la LGMSV, presenta obstáculos técnicos al comercio. Sin embargo, se ha demostrado que esto es totalmente falso, ya que, como lo han explicado expertos de la sociedad civil, es importante precisar que tanto el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC como el TMEC tienen en cuenta la existencia de objetivos normativos legítimos, tales como la protección de la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente.

También es importante mencionar que la LGMSV no constituye por sí misma un reglamento técnico y por tanto no califica como un Obstáculo Técnico al Comercio. Además, la propuesta del artículo 54 está acorde con la Ley de Infraestructura de Calidad, ya que hace referencia expresa a las Normas Oficiales Mexicanas y a la misma Ley.

Al respecto, Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor, declaró: «Es lamentable que en la Cámara de Diputados se haya postergado, por segunda ocasión, la votación en el pleno de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual expresa a cabalidad el mandato constitucional de garantizar la movilidad en condiciones de seguridad vial. Este retraso no tiene otra explicación más que la interferencia de la industria automotriz, quienes a través de la Secretaría de Economía, ha cabildeado a diputadas y diputados de algunos partidos políticos para presentar reservas que permitan continuar con el doble estándar de seguridad vehicular e impedir la democratización de la seguridad vehicular en nuestro país.”

Doble estándar, explicaron, significa que en México sea legal comercializar autos nuevos de baja seguridad, mientras se fabrican y exportan vehículos con mayor equipamiento para proteger la vida de todas las personas usuarias de la vía: ocupantes de vehículos, peatones, usuarios del transporte público, ciclistas y motociclistas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece, en su artículo 54, las bases para que en México se democratice la seguridad vehicular, es decir, que desde el diseño de la seguridad vehicular se proteja a todos los usuarios de la vía y que en consecuencia los vehículos de venta en el país cuenten con el equipamiento mínimo de seguridad vehicular recomendado por la ONU tal y como lo tienen aquellos vehículos que se exportan.

Brodziak, agregó: “Diputadas y diputados que pretenden presentar reservas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, si se deja a las normativas (NOM-194) como único instrumento para regular la seguridad de los vehículos será insuficiente para alcanzar la debida protección de todos los usuarios de la vía desde el diseño vehicular. ¿Cuántas muertes más se sumarán antes de que voten esta ley en sus términos actuales? ¿Por cuánto tiempo más se seguirá discriminando a los consumidores mexicanos y poniendo en riesgo a todas las personas usuarias de la vía? ¿De qué lado están, del lado de la vida y la salud pública o del lado de los intereses corporativos de la industria automotriz? Diputados y diputadas, les pedimos que abran los ojos a la realidad de la industria automotriz, que recibe más beneficios por estar establecida en nuestro país que los beneficios que nos deja como sociedad. Es momento de regular debidamente a la industria automotriz para obligarla a asumir su responsabilidad en seguridad vial, algo que nos debe desde hace décadas».

“Nos queda claro que a algunos funcionarios de la administración pública federal y diputados de diversos partidos les importa poco o nada la seguridad, la salud y la vida de las personas en este país. Las muertes viales, con un marco legal nacional y su aplicación sin corrupción, se pueden evitar en un 90%. No podemos seguir sumando víctimas viales por favorecer a un sector económico. Los mexicanos merecemos autos más seguros, no somos ciudadanos de segunda. La vacuna para está epidemia silenciosa que son las muertes, lesiones y discapacidades por siniestros viales es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”, declaró Alma Chávez Guth, quien es familiar de una víctima vial y activista defensora de los derechos humanos y de víctimas de violencia vial. “Es incomprensible cómo un gobierno y un partido político que dicen estar a favor de la gente en su discurso, cuando hay que demostrarlo exhiben que sus intereses son económicos, pero ¿cuánto cuesta una vida?”, ahondó.

Por su parte, Miguel Ángel Toscano, presidente de la organización Refleacciona con Responsabilidad, desaprobó la posición de las y los diputados que cedieron a las presiones de la industria automotriz y la Secretaría de Economía para detener el dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y recordó que el dictamen de la LGMSV ha sido detenido ya en dos ocasiones, a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil –entre ellas, El Poder del Consumidor y Refleacciona– han denunciado públicamente la interferencia de la industria automotriz, particularmente con la reserva al artículo 54 de la ley propuesta, donde se establece la obligación de implementar el equipamiento de seguridad necesario en los vehículos de venta en México para proteger la vida de todas la personas usuarias de la vía: tanto ocupantes de los vehículos como peatones, ciclistas y personas usuarias del transporte público.

“La Ley urge, no sólo por el retraso de la votación de ayer, o el de varios meses que ya tiene, sino porque se ha llegado tarde para evitar las pérdidas de vidas en las calles de personas como mi hijo, y los miles de muertes cada año, día a día. La industria automotriz debe reconocer que sus productos y mensajes son fuertes protagonistas y responsables en la violencia que se ha generado en las vialidades, y sin embargo, son igualmente grandes ganadores en términos de los beneficios económicos que obtienen. Ya es hora que reconozcan las reglamentaciones que deben seguir para priorizar las vidas de las personas, que deben acatarlas sin dobles estándares, ni dobles discursos”, puntualizó Elsa Guzmán, madre de Jacinto, víctima de violencia vial.

Un día después del cierre inesperado de la sesión en la Cámara de Diputados, organizaciones de la sociedad civil que se especializan en seguridad vehicular, junto con organizaciones de familiares de víctimas, hicimos un llamado a las diputadas y diputados a no dejarse engañar con los falsos argumentos de la industria automotriz, a no postergar más la aprobación de la Ley Movilidad Segura y votar SIN RESERVAS para evitar que regrese al Senado de la República. Y les pedimos cumplir con su obligación de salvaguardar los derechos constitucionales, así como los compromisos adquiridos el día de ayer en la Cámara de Diputados con las organizaciones, familiares de víctimas y todos los usuarios de la vía y así detener la pandemia de 44 muertes diarias por la falta de seguridad vial en México.