- Organizaciones de la sociedad civil urgimos a miembros de la Cámara de Diputados a votar sin reservas y a favor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
- La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial será el instrumento jurídico que garantice un piso mínimo a nivel federal en temas como la seguridad vial y vehícular de todas las personas usuarias de la vía, especialmente de los usuarios más vulnerables.
16 marzo, 2022. Organizaciones de la sociedad civil, expertas en temas de seguridad vehicular y de familiares de víctimas, urgimos a diputadas y diputados del Congreso de la Unión a votar SIN RESERVAS a favor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tal y como se aprobó por las y los senadores, y que ha sido impulsada por familiares de víctimas de siniestros de tránsito, especialistas y sociedad civil desde 2014.
México, un país que padece el fallecimiento de más de 16 mil personas y donde por lo menos 140 mil sufren lesiones graves cada año por siniestros de tránsito, vivirá por primera
vez en su historia, mañana 17 de marzo, la votación en el pleno de la Cámara de Diputados de una ley que nació desde la sociedad civil para atender dichas tragedias que vivimos día con día.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se volverá, por lo tanto, un instrumento jurídico que exprese adecuadamente el mandato constitucional que garantiza, entre otras cosas, el piso mínimo a nivel federal para cumplir con el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, la cual es imposible de garantizar si no se legisla adecuadamente la seguridad vehicular, con base en las recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
Desde esta óptica, también destacan las recomendaciones del Plan Mundial de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030 de la ONU, que resaltan la necesidad de incluir estándares de seguridad vehicular armonizados que protejan tanto a los ocupantes de los autos como al resto de los usuarios, principalmente los usuarios vulnerables como peatones y ciclistas, entre otros.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su estudio de 2021: Estimación de los costos económicos y sociales de siniestros viales en México, estima que en 2018 los costos por siniestros viales en México sumaron entre $174 mil millones y $204 mil millones de pesos (mmdp), y que la venta de vehículos que cuentan con sistemas y dispositivos de seguridad vehicular en México se relaciona con reducciones en el registro de siniestros viales en zonas urbanas y suburbanas, lo que significa una reducción de muertes, lesiones y los costos asociados.
Resulta inverosímil eximir de la gran responsabilidad que tienen los vehículos y su diseño en los siniestros de tránsito, ya que precisamente la industria automotriz es quien ha obstaculizado el proceso de más de 3 años de investigación, colaboración, elaboración, redacción y revisión del proyecto de ley.
A todo esto, también es necesario mencionar la interferencia que ha ejercido en otros instrumentos como la norma de dispositivos de seguridad en vehículos nuevos (NOM-194), donde impidió la inclusión del estándar de protección a peatones. A través de comunicados, entrevistas, publicaciones, artículos pagados difundiendo información sesgada y el cabildeo directo con los legisladores es que la industria automotriz pretende modificar una ley que tanto necesitamos.
Refleacciona con Responsabilidad A.C., organización civil que ha trabajado por mejorar la seguridad vial y vehicular en México, manifestó aspectos de dicha interferencia. “La industria automotriz mexicana invierte millones de pesos para frenar cualquier política pública que busque incrementar la seguridad vehicular. Está dispuesta a todo con tal de ahorrarse unos centavos, aun sabiendo que para México se producen autos bajo el doble estándar de seguridad vehicular: autos que cumplen las recomendaciones de la ONU en seguridad y van para la exportación y autos de muy baja seguridad que producen e importan para los consumidores mexicanos”, afirmó Miguel Ángel Toscano, presidente de la organización. Exhortó a diputadas y diputados del Congreso de la Unión a votar #500de500 a favor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Por otra parte, Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de Seguridad Vehicular de El Poder de Consumidor, manifestó: «Diputadas y diputados, les pedimos que estén del lado de los peatones, de los ciclistas, de las niñas, niños y adolescentes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las mujeres, de los usuarios del transporte público, todos ellos usuarios vulnerables de la vía que mueren con tanta frecuencia en nuestro país, les pedimos que estén del lado de la salud pública, del bienestar de las personas, de la economía familiar y del país y voten a favor de una ley que pone por encima de los intereses comerciales de la industria automotriz el mandato constitucional de garantizar la movilidad de las personas en condiciones de seguridad vial. Necesitamos urgentemente la #LeyMovilidadSegura».
Las organizaciones, a un día de la votación en el pleno preguntamos a las y los diputados ¿de qué lado están? ¿A favor de la salud pública o en complicidad con los intereses comerciales de la industria automotriz?
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